Viabilidad económica de las actuaciones de transformación urbanística. El principio de rentabilidad del planeamiento y los artículos 9, 33 y 47 de la Constitución

Resumen

La imputación de cargas urbanísticas a los propietarios del suelo es coherente con la función social de la propiedad proclamada por el artículo 33 de la Constitución Española y la Normativa Europea, pero encuentra su límite en el contenido esencial del derecho fundamental a la propiedad proclamado por el artículo 1 del Protocolo Adicional 1º al Convenio Europeo de Derechos Humanos. A su vez, el principio de equidistribución impone un equilibrio en el reparto de las cargas derivadas del Plan, proporcional a los beneficios que este genera y condiciona la participación de la comunidad en las plusvalías que prevé el artículo 47 de la Constitución. Las actuaciones de transformación urbanística de la Legislación de Suelo no pueden ignorar el principio de rentabilidad del Planeamiento, que forma parte de la viabilidad económica exigida en la ordenación y se traslada a la gestión. En ocasiones, las Administraciones toman decisiones de reforma o desarrollo de las ciudades que imponen cargas insoportables a los afectados sin un beneficio suficiente para afrontarlas. Este artículo trata de analizar los límites de imputación de cargas a los propietarios o promotores por la ordenación y la gestión, desde una perspectiva constitucional, que obliga a todos, aunque, a veces, los poderes públicos la olviden.