Riesgos y desastres naturales. Tratamiento legal urgente de los efectos territoriales y urbanísticos de una catástrofe

Resumen

La regulación de la prevención de riesgos naturales en nuestro ordenamiento
jurídico, se constituye en un mecanismo dirigido a evitar o disminuir
los efectos dañinos que ese riesgo podría ocasionar para el caso de que se
materializare en desastre.
Sin embargo, una vez ya ha acontecido el desastre natural, salvo en lo
referente a la atención inmediata o primaria mientras ocurre el desastre y en
el momento justo posterior, con la finalidad esencial de protección a las personas,
lo que es materia propia de la protección civil, no existe por el contrario
unos mecanismos similares de previsión de actuación desde el derecho de
la ordenación del territorio y el urbanismo, para atender las necesidades que
pueda demandar un desastre natural de gran magnitud, es decir, no existe una
digamos, planificación reparadora.
Un ejemplo reciente lo podemos encontrar en la crisis volcánica ocurrida
en la isla canaria de La Palma, donde tras la erupción surgida en Cumbre
Vieja el 19 de septiembre de 2021, que afectó a tres municipios, resultó evidente
la necesidad urgente de dotarse de nuevas normas de ordenación territorial y urbanística que ofrecieran respuestas a las importantes necesidades surgidas por la catástrofe, sin que tampoco existieran otros mecanismos
preestablecidos o cauces definidos y claros que poder seguir u orientar el dictado
de esta normativa urgente, inexistente pero tan necesaria.
Esta situación, obliga a plantearnos la necesidad del dictado de una legislación
específica que regule las situaciones catastróficas y, hasta tanto ello no
tenga lugar, indagar sobre los instrumentos normativos en los que podríamos
apoyarnos para alcanzar soluciones normativas urgentes que sirvieran de respuesta
frente a los efectos territoriales y urbanísticos que una catástrofe pudiera
ocasionar.