Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente

Reseña de la obra: Derecho de Propiedad, expectativas y especulación

Maria del Mar Muñoz Amor — 2024-10-18

Reseña de la obra del autor Juan Antonio Chinchilla Peinado " Derecho de Propiedad, expectativas y especulación: reglas de racionalidad jurídica ( y técnico-económica) en los criterios de valoración urbanística.".

Reseña de la obra de la Autora Marta Lora-Tamayo Vallvé y Marcos Vaquer Caballería "El Derecho Territorial urbano en Latinoamérica"

RDU — 2024-10-18

El ordenamiento territorial y urbanístico está siendo objeto de un desarrollo y debate cada vez mayores en Latinoamérica. Tanto el
crecimiento económico como la exclusión social dejan una huella sobre el territorio, haciendo cada vez más evidente la necesidad de ordenarlo para tratar de lograr un desarrollo más sostenible e inclusivo. El propósito de este libro es llevar a cabo una aproximación comparada de los elementos estructurales que conforman el ordenamiento territorial y urbanístico en Latinoamérica
acompañando el proceso de una reflexión transversal y paralela de sus elementos clave entre los que cabe destacar la regulación de la función social y ambiental de la propiedad, la planeación del territorio, y los instrumentos de gestión y ejecución del mismo entre los que destaca la equidistribución de beneficios y cargas y los intentos, más o menos fructuosos, de llevar a cabo procesos de recuperación de plusvalías. La influencia del derecho urbanístico español es puesta también en contexto evidencia influencias y confluencias entre los ordenamientos. Todo ello de la mano de primeras espadas en la materia que, con una visión holística e integral nos permiten acercarnos desde una visión general de sus elementos clave, en la primera parte, y a una visión particular en la segunda que nos abrirán la puerta a un marco común de reflexión y debate cada vez más necesario.

El derecho a la vivienda, la sentencia del Tribunal Constitucional nº 79/2024, de 21 de mayo, y la Ley Estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

Juli Ponce Solé — 2024-10-18

El pasado día 24 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo, STC) 9/2024, de 21 de mayo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, presentado por el Gobierno de Andalucía. La STC rechaza la inconstitucionalidad solicitada sobre numerosos preceptos legales y solo considera contrarios a la Constitución Española (CE) un artículo, el 16, una disposición transitoria, la primera, un apartado de un artículo, el tercero del 27, un párrafo de un apartado de un artículo, el 27.1 y una frase del art. 19.3. La STC contiene un voto particular subscrito por cuatro magistrados. En este breve análisis nos limitamos a explicar los puntos principales de la STC.

Consideraciones en torno a la constitucionalidad de la Ley 19/2022 para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca

Ricardo Ignacio Bachmann Fuentes — 2024-10-18

El propósito de este artículo es analizar los principales argumentos que se han esgrimido acerca de la posible inconstitucionalidad de los preceptos contenidos en la Ley 19/2022 para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca. Como resultado del estudio y análisis, todos estos argumentos resultan refutados, por lo que se vislumbra que la propuesta de esta Ley responde a una insuficiencia de las instituciones jurídicas y de las técnicas de intervención administrativas aplicadas por el derecho ambiental tradicional, constituyendo entonces una alternativa válida ya que se trata de una innovación construida sobre elementos previamente existentes dentro del Ordenamiento jurídico español y cuyo fin es el de responder a necesidades ambientales urgentes.

Necesidad de regular la indemnización por la pérdida de la facultad de participar

Gerardo Roger Fernández Fernández — 2024-10-18

La nulidad de la técnica valorativa correspondiente a la Indemnización causada por la pérdida de la Facultad de Participar en la Actuaciones de Nueva Urbanización, decisión adoptada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 218/2015, de 22 de octubre justificada en una controvertida argumentación jurídica, ha creado una trascendental “laguna legislativa” al trasladar al buen criterio del tasador del suelo la metodología aplicativa en tanto el Gobierno no incorporara una nueva regulación que viniera a “rellenar” el vacío legal existente.

Tras nueve años, al fin se ha formulado un Proyecto de Reforma de la ley estatal vigente que incorpora una nueva regulación valorativa de la Indemnización señalada que, en opinión del autor de este Artículo, procede ser considerada favorablemente al adecuarse, tanto al contenido de la Sentencia, como a la realidad socioeconómica que caracteriza a la actividad inmobiliaria.

¿Tienen derecho de realojamiento y de retorno los residentes afectados por una expropiación no urbanística para la ejecución de una infraestructura que discurre por el medio urbano?

Eduardo Caruz Arcos — 2024-10-18

En este artículo se analiza si deben reconocerse los derechos de realojamiento y de retorno a los residentes afectados por la ejecución de una infraestructura (ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, viaria, etc.) que discurre por el suelo urbano. Se propone una concepción amplia de las actuaciones sobre el medio urbano para que los perjudicados por expropiaciones no urbanísticas puedan también ejercitar estos derechos.

Alcance de la potestad de planeamiento de los ayuntamientos en la regulación del uso del suelo y de las edificaciones, en los ámbitos de libertad de empresa y libre prestación de servicios: STS 1068/2024, de 17 de junio (Rec. 8754/2022)

Jorge Ortiz — 2024-10-18

Se analiza la STS de 17 de junio de 2024 (rec. 8754/2022), que conoce de la reclamación de la asociación de establecimientos de juego de Castilla la Mancha (AESCAM) contra la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal de Talavera de la Reina (Toledo), que establece una ordenación detallada del uso de locales de juegos y apuestas, exigiendo una distancia mínima de 300 metros a equipamientos educativos, culturales, deportivos, zonas verdes y de otros locales de juego que ya estuviesen en funcionamiento. Se plantea la posible vulneración de la libertad de empresa del artículo 38.2 de la CE, la infracción del derecho comunitario y normativa española traspuesta en materia de libertad de servicios y garantía de la unidad de mercado, así como de la autonomía local por un indebido uso del artículo 25.2.a) de la Ley de Bases de Régimen Local.