El restablecimiento de la legalidad urbanística: historia de un fracaso

Resumen

La doctrina es unánime al calificar de fracaso histórico la actuación de los poderes públicos a la hora de restablecer la legalidad frente a construcciones y edificaciones ilegales, las causas son múltiples. Uno, falta de voluntad política para erradicar esta lacra, que hasta mediados de los noventa del siglo pasado se consideraban una riqueza. Dos, la interpretación errónea por parte del TRLS
1992 de la legislación urbanística de la Ley del Suelo de 1976, ya que en esta legislación la potestad de la Administración no decaía en suelo rústico común y suelo urbanizable no programado hasta la introducción del art. 255 del TRLS 1992, que permitía la «prescripción» de cuatro años para el restablecimiento de la legalidad excepto en suelo no urbanizable protegido. El punto de partida supone contemplar la potestad de la Administración como una potestad pública de obligado ejercicio y naturaleza imprescriptible, sin perjuicio de que el legislador pueda someter su ejercicio a plazos; en este caso, el plazo debemos considerarlo
de caducidad y no de prescripción, como por error ha sido tomado por un sector de la doctrina y por el legislador; asimilándolo, a modo de derecho subjetivo, al régimen transitorio del Código Civil. Asimismo, se tratará el problema de inseguridad jurídica que se genera al permitirse por la legislación hipotecaria —singularmente el art. 52 del Real Decreto 1093/1997— la inscripción de obras
nuevas antiguas en el Registro cuando la Administración podía ejercer la potestad de restablecimiento y acordar la demolición, distorsionando el sistema y creando una falsa seguridad jurídica.